Gabriela Bravo, consejera de Justicia de Valencia, hizo esta demanda a Catalá en un encuentro que ambos mantuvieron en Madrid, en la que firmaron el acuerdo que permitirá a la comunidad gobernada por Ximo Puig disponer de 860.000 euros para su sistema judicial.

Durante una rueda de prensa conjunta, el ministro destacó que este dinero está contemplado en los presupuestos del Estado para 2016 y que forma parte de una partida de seis millones que se está distribuyendo entre las distintas comunidades.

Además, el ministro expresó su deseo de que, a partir de un “diagnóstico común” con las autonomías de la situación de la Administración judicial, se puedan iniciar “procesos de colaboración” para mejorar el sistema.

Por su parte, Bravo sostuvo que los 860.000 euros supone un “pequeño respiro” para la “grave” situación que tiene el sistema judicial en su comunidad y que dijo es extensiva a la que, según el Gobierno de Puig, padece el conjunto de esta región.

“GRANDES OBSTÁCULOS”

Añadió que la falta de dinero en Valencia para la Justicia hace que existan dificultades con las dotaciones informáticas, que dijo están siendo “grandes obstáculos” para conseguir la modernización y para que los procesos se resuelvan en “un tiempo razonable”.

Por este motivo, pidió al Gobierno una “ley de financiación para la Justicia” en el conjunto de España, de forma que se pueda modernizar el sistema. Sobre la financiación del conjunto de la comunidad valenciana, Bravo recordó que su departamento está estudiando presentar un recurso judicial sobre la cuestión de la deuda de la comunidad y de los objetivos de déficit que se les han fijado desde el Gobierno central.

Por su parte, Catalá señaló que su departamento está dispuesto a hablar con el Ejecutivo valenciano, pero que ve difícil desligar el sostenimiento económico de la Justicia de esta región con el conjunto de la financiación del sistema autonómico.