El director general de la Función Pública, Leandro González Gallardo, que presentó hoy en rueda de prensa este acuerdo, explicó que los potenciales beeficiarios de esta formación son cerca de 1,8 millones de empleados públicos de todas las administraciones públicas.

Según González Gallardo, el objetivo de este acuerdo, que entra en vigor este mes y finaliza el 31 de diciembre de 1996, con la posibilidad de prorrogarlo, es ofrecer una formación contínua a los empleados públicos para que estén "más formados y motivados".

"Quisiéramos que nos sirviera para tener unos empleados públicos mejor formados, más eficientes y polivalentes", indicó Gómez allardo, al tiempo que aseguró que los planes de formación que se impartan a los funcionarios servirán también para modernizar la Administración y ofrecer al ciudadano unos servicios públicos de calidad.

Con este acuerdo, es la primera vez que los empleados públicos, después de dos años de vigencia del Acuerdo Nacional de Formación Continua que firmaron la patronal CEOE y los sindicatos en 1992, acceden a los fondos que provienen de la cuota por formación profesional.