Los recurrentes, en palabras del diputado de UP Rafael Mayoral en el Congreso, sostienen que la ley viola la autonomía municipal porque aunque la Comunidad tiene competencia para regular las licencias VTC, no la tiene “para conceder ninguna autorización" al ser competencia de los municipios. De modo que “tenía que respetar la capacidad regulatoria de los ayuntamientos y los procedimientos de concesión de la autorización los tendrían que hacer los ayuntamientos”.

Por lo demás, Mayoral dijo que la Comunidad se convierte en “cómplice de una empresa” cuyos dirigentes se declaraban en un correo electrónico “jodidamente ilegales”, según los llamados ‘Uber Files’. “No es aceptable que ninguna administración pública se ponga del lado de una transnacional que viola la legalidad y tiene como objetivo realizar elusión fiscal y violar los derechos laborales”, arremetió el diputado de UP, que acusó a Ayuso de “vender a nuestro país por cuatro monedas de plata”.

Además, señaló que el que el PSOE haya vetado esta mañana en la Junta de Portavoces una petición de comisión de investigación parlamentaria sobre los citados ‘Uber Files’, que para él revelan "prácticas ilegales" de la empresa "para intentar de forma torticera e ilegal influir en los poderes públicos". A su juicio, "sería muy importante" poderlo investigar en el Congreso.

“Es una falta de responsabilidad incomprensible en un momento como éste”, censuró Mayoral. “No puede ser que a ningún partido político le tiemblen las piernas para defender la democracia frente a las transnacionales”.

Un portavoz de Taxi Project, Tito Álvarez, organización que promovió el recurso avalado por los 50 diputados, se declaró “decepcionado” con el PSOE, al que pidió que se parezca un poco más al PSC, que en Cataluña sí ha apoyado a los taxistas. En cambio, dio las gracias a los partidos que prestaron diputados para sumar 50 y poder presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional.