Según informó hoy el Ministerio del Interior, la operación ha durado once meses y se ha desarrollado conjuntamente en las comunidades de Castilla y León, Asturias y País Vasco.

Ocho personas han sido detenidas por diversos delitos relacionados con la inmigración ilegal y el tráfico de personas, y cuarenta y dos por infracción a la Ley de Extranjería.

Estos ciudadanos utilizaban amenazas y violencia física para obligar a las mujeres a prostituirse. Los captadores facilitaban a sus víctimas billetes de avión de ida y vuelta,documentación y el dinero necesarios para aparentar solvencia económica al pasar por los controles fronterizos.

Una vez en España eran recogidas y trasladadas, normalmente por el responsable de la organización, el leonés Benigno A., conocido como "Nino", así como por un taxista de confianza de éste, "Ramón", o por terceras personas, a los clubes de León, donde terminarían trabajando en la prostitución.

En el lugar de destino eran esperadas por los dueños o responsables de los clubes. Al llegar a éstos les explicaban en qué iba a consistir su trabajo, así como que tenían una "deuda" con la organización que ascendía aunos 3.500 euros, y que para amortizar la misma deberían "alternar" y mantener relaciones sexuales con los clientes, cantidad que diariamente se incrementaba en concepto de alojamiento y manutención.

Al acabar la jornada diaria en el club, las mujeres entregaban los tickets de las consumiciones y ocupaciones a los encargados, quienes les descontaban la manutención y otros gastos y les entregaban un vale en el que constaba la cantidad que habían ganado esa noche, sin entregarles a ellas dinero alguno.

Cuando las mujeres supieron cuál era su verdadera situación, hicieron lo posible por oponerse, pero los responsables de la organización insistían en que la única forma que tenían para liquidar la deuda era trabajar dentro de sus establecimientos ejerciendo la prostitución.

Para ello, en algunas ocasiones utilizaron las amenazas y la violencia física para convencer a algunas mujeres y para atemorizar a otras. En otras, les prometían contratos de trabajo que no llegaban a materializarse, logrando con ello retenerlas en los locales en los que se las explotaba sexualmente. Ante tal situación, algunas mujeres lograron huir y denunciar estos hechos ante la Policía, dando origen a las primeras actuaciones policiales que facilitaron la desarticulación de esta organización.