50 CATEDRATICOS ADVIERTEN QUE LA TENSION Y CRISPACIONPOLITICA AMENAZAN A LA DEMOCRACIA
-Piden igualdad de competencias para todas las regiones, denuncian el lento ritmo de los traspasos y urgen el cierre del proceso autonómico
-"La corrupción existe igual en el Estado que en las autonomías"
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Unos cincuenta catedráticos de universidades nacionales y extranjeras, adscritos al Instituto de Derecho Público, concluyen, en el informe sobre el proceso autonómico durante 1994 encargado por el Senado, que "la tensión y el clia de crispación política que durante el año pasado se ha transmitido y se transmite desde el centro a la periferia, dificulta el proceso autonómico, que debe cerrarse cuanto antes".
Asi lo ha declarado a Servimedia el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Eliseo Aja, quien ha coordinado el sexto estudio que dicho instituto elabora cada año sobre la marcha de las comunidades autónomas, bajo el patrocinio de sus respectivos gobiernos y del Senado.
Para el profesor Aj, las autonomías han funcionado bien, con la única excepción de Cantabria y los problemas en Aragón y Andalucía. "Pero la tensión que el conjunto de las comunidades reciben desde Madrid, se incrementa por el lento ritmo de los traspasos de competencias; porque no se despeja la ambigüedad sobre las competencias que quedan por transferir, ni se evitan los solapamientos y duplicaciones de servicios, lo que incrementa el déficit público".
"Como esa ambigüedad no favorece a nadie", agregó, "debería recurrise al Tribunal Constitucional para que determinara a quién corresponden las competencias que quedan pendientes de transferir, y sobre las que pueda haber dudas. Lo contrario es encarecer las administraciones públicas e impedir que alcancen su máxima funcionalidad".
AGRAVIOS COMPARATIVOS
"Los traspasos han sido poco significativos y el ritmo es muy lento", continuó. "El Gobierno sigue la técnica de negociar bilateralmente con cada Ejecutivo autónomo, lo que siempre genera agravios comparativos y desiualdad de trato y lo que podría resolverse si funcionaran las conferencias sectoriales (entre ministerios y consejerías homólogas)".
Según estos catedráticos, "la desigualdad de competencias da lugar a conflictos. Sólo siete autonomías gestionan el 80 por ciento de los 7,1 billones de pesetas que suman los presupuestos de todas las comunidades, mientras que el otro 20 por ciento lo gestionan las diez comunidades restantes".
"La igualdad de competencias", añadió el profesor Aja, "racionalizaría elfuncionamiento de las administraciones autonómica y central, sobre todo si se hiciera la anunciada reforma de ésta última."
"A pesar de lo que a veces se divulga, no se han incrementado las diferencias de renta y riqueza entre las comunidades, sino que ha habido una aproximación importante", según el profesor Aja. "Y los ciudadanos se están dando cuenta. Si hay algunas comunidades donde los servicios no funcionan, son los electores los que deben actuar ahora, y no volver a votar a los equipos que las obiernan."
A su juicio, sería bueno también que se acelerara la reforma del sistema de financiación, introduciendo una mayor corresponsabilidad fiscal de las autonomías, como recomienda el estudio encargado por el Senado. "El año que viene debería poderse modificar el sistema de financiación", comentó Eliseo Aja.
LA CULTURA DEL PACTO
"Esa tensión y crispación que se transmite del Gobierno central a los autonómicos y los escándalos de corrupción", declaró el profesor Aja, "produce una desautorizción generalizada de los dirigentes políticos que amenaza convertirse en un perjuicio para la propia democracia."
En su opinión, "la corrupción existe igual en el Estado que en las autonomías." Además, advirtió que, tras las elecciones del 28-M, será necesario acostumbrarse a una cultura de los gobiernos en coalición o en minoría, y dijo no comprender las "duras y feroces críticas" del PP e IU a los pactos PSOE-CiU.
"No se debe confundir al Grupo Parlamentario de CIU con el Gobierno de la Generaltat, y menos aún con el conjunto de Cataluña. Cuando se explican los acuerdos PSOE-CiU como un chantaje al Gobierno central, en beneficio exclusivo de Cataluña, en perjuicio del resto de España, resulta muy peligroso, porque se avivan los rescoldos del anticatalanismo, de larga tradición en el autoritarismo español."
"Hay que eliminar las sospechas", agregó, "de que un acuerdo parlamentario implica privilegios para una autonomía. Si una reforma precisa acuerdos más amplios que los apoyos puntuales queun partido nacionalista pueda dar al Gobierno central, se puede trasladar al Tribunal Constitucional la decisión sobre la legitimidad de la medida adoptada sin las mayorías necesarias."
RESPETAR LOS NACIONALISMOS
A juicio del profesor Aja, "sería muy útil aclarar la presencia de los partidos nacionalistas en las Cortes y separar lo que son asuntos del Gobierno central de lo que son asuntos de las comunidades autónomas".
"No debieran mezclarse las cosas", puntualizó. "Los partidos nacionalistas stán ahí, y no se pueden combatir. Todas las comunidades autónomas son iguales. No hay de 'primera' y de 'segunda'. Hay hechos diferenciales que deben respetarse. Otro problema para que los ciudadanos asuman las autonomías es que éstas se han construido demasiado a imitación de la Administración central".
En el informe que ha coordinado el profesor Aja, los catedráticos advierten que las comisiones parlamentarias de investigación "pueden convertirse en un proceso paralelo", y achacan a la exigencia palamentaria de responsabilidades políticas "la paralización de decisiones en los niveles altos de la Administración."
Sugieren ser prudentes en una regulación muy estricta de las incompatibilidades y los controles económico-financieros, "no sea que excesivos controles burocráticos paralicen aún más la actividad administrativa, o unas incompatibilidades exageradas reduzcan el nivel de los representantes parlamentarios".
CONFERENCIA DE PRESIDENTES
Reclaman la constitución de una conferencia de preidentes del Gobierno central y los autonómicos, "para evitar malentendidos inútiles, encauzar la discusión de los problemas más importantes y resolver los conflictos más delicados". Además, recomiendan que todas las autonomías tengan capacidad para disolver sus parlamentos, los cuáles dicen que funcionan "con muchas limitaciones".
Pero advierten que "un uso frecuente de la disolución paralizaría la administración autonómica afectada, crearía una presión constante sobre el Gobierno central, el absentiso progresivo de los electores y el desprestigio de las instituciones autonómicas".
También recomiendan que la reforma constitucional del Senado se haga cuanto antes, "para no crear más frustración", y sugieren que se aborde el "pacto local" para evitar "la disgregación que se está produciendo entre las grandes ciudades y los municipios rurales."
(SERVIMEDIA)
14 Mayo 1995
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