Soria señaló que la operación de salvación ha de comportar el compromiso del Gobierno central y del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de poner sobre la mesa las cuantías necesarias.

El Gobierno de la nación estudia aportar entre 15 y 20 millones de euros anuales durante los próximos cuatro años. Para ello ha de haber un “compromiso firme y público por parte de la Junta de financiar otro tanto igual”. De esta forma, entre ambos gobiernos sumarían una cuantía de 30-40 millones de euros, y la salvación de la empresa estaría garantizada.

La central de Elcogás funciona con una tecnología de gasificación integrada, un ciclo combinado, y aplica un proceso muy innovador que gasifica el carbón. Se trata de una tecnología limpia que genera muchas menos emisiones de CO2, por lo que contribuye a los objetivos planteados cara al año 2020 respecto a la disminución de emisiones.

Para el Gobierno de España es un objetivo prioritario que esta planta pueda mantener su funcionamiento sin perjuicio de que haya un exceso de generación. El único problema es que estas instalaciones son deficitarias y ese déficit lo asumen directamente en la factura de la luz todos los consumidores españoles.

El pasado 1 de julio de 2014, los propietarios de Elcogás solicitaron al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la autorización administrativa para proceder a su cierre y posterior desmantelamiento, “debido a las importantes pérdidas económicas que impiden la viabilidad de la planta en el futuro”. El 31 de julio, tras informe favorable del operador del sistema y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Ministerio autorizó el cierre solicitado por la empresa.