Catalá se refirió a esta cuestión en una rueda de prensa en la sede de su departamento tras reunirse con Gordó, al que explicó cómo se repartirá la partida de 6 millones de euros que las cuentas estatales de 2016 contemplan para mejorar los tribunales y que se repartirán entre las comunidades autónomas.

El ministro explicó que este crédito de 6 millones es un “instrumento nuevo” para que el Ejecutivo central y los autonómicos colaboren en materia judicial. El fin de este dinero es mejorar tecnológicamente los tribunales y costear la llamada justicia gratuita.

En este sentido, Catalá destacó que se pretende que las autonomías cuenten con los “medios técnicos suficientes” para implementar mejoras como que las comunicaciones de los juzgados con los operadores judiciales sean exclusivamente electrónicas desde comienzos del próximo año.

Asimismo, el ministro expresó que también se busca “seguir trabajando en la implantación de la oficina judicial”, algo que dijo se está haciendo “muy despacio” y que es un proceso que el Gobierno quiere acelerar.