De este modo, la Cámara Alta validó con 148 votos a favor (PP), 5 en contra (Podemos, ERC e IU) y 88 abstenciones (PSOE, PNV y CiU) el proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar, en el que la inclusión de la Guardia Civil en el texto y la propia vigencia del mismo han sido los principales puntos de discusión entre los distintos grupos parlamentarios.

Durante el debate, el senador del PP Luis Rogelio Rodríguez reafirmó la necesidad de que los agentes del Instituto Armado sean incluidos en el Código Penal Militar en todo aquello relacionado con los delitos contra la seguridad y la defensa nacional, la disciplina, los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como los deberes del servicio.

En ese sentido, defendió que el director general de la Guardia Civil tenga condición de autoridad castrense, debido a la condición militar de la Benemérita. A pesar de ello, Rodríguez celebró que, “aunque con discrepancias, en lo esencial hay acuerdo” entre todos los grupos para la aprobación del texto.

Por su parte, el senador socialista Arcadio Díaz, que reconoció que el texto tiene “avances” respecto del anterior, criticó que el Gobierno no acceda a aplicar a la Guardia Civil el Código Penal Militar sólo cuando forme parte de misiones militares en el exterior.

A su vez, el senador del PNV Iñaki Anasagasti, que reconoció “cierta distancia” de su grupo con lo militar aunque reconoció la “importancia” del papel que juegan las Fuerzas Armadas, propuso aglutinar en un solo texto la jurisdicción civil y la castrense, un punto de vista que fue compartido por el representante de la Entesa, Joan Sabaté, y por el del Grupo Parlamentario Catalán, Josep Maldonado.

Por su parte, el senador de IU Jesús Enrique Iglesias defendió que a la Guardia Civil sólo se le aplique el Código Penal Militar cuando participe en misiones militares en el exterior y no “cuando ejerza funciones de seguridad”.

Por último, la senadora de ERC Ester Capella manifestó que, al igual que “el silbato es un arma de destrucción masiva cuando está en manos de ciudadanos vascos y catalanes en lugar de un instrumento de libertad de expresión” (en alusión a la pitada que tuvo lugar en la final de la pasada final de la Copa del Rey que enfrentó al Fútbol Club Barcelona y al Athletic de Bilbao), ésta debe ser reconocida a los miembros de las Fuerzas Armadas.