La SEFC manifestó en un comunicado su desacuerdo con el nuevo decreto sobre fabricación, presentación y venta de tabaco y productos relacionados que ha elaborado el Gobierno.

El artículo 31 del proyecto prohíbe la venta de estos dispositivos liberadores de nicotina y sus accesorios en establecimientos que no sean expendedurías de tabaco y timbre, tiendas especializadas, farmacias y parafarmacias.

La SEFC considera inapropiada la venta de los cigarrillos electrónicos en farmacias y parafarmacias y pide su equiparación a una droga de uso legal y su diferenciación de los medicamentos.

Los médicos especialistas en Farmacología Clínica sostienen que, por el momento, no se ha demostrado que el cigarrillo electrónico sea una alternativa segura y eficaz para disminuir el daño de la dependencia tabáquica, sino que “se ofrece claramente como un producto de uso recreativo, obligando la normativa a señalar su elevado potencial adictivo y toxicidad”. “Su regulación como medicamentos, como sucede con los chicles y parches de nicotina, supondría un planteamiento diferente y la demostración de su utilidad sanitaria”, señala el comunicado.

La SEFC cree además que el sistema de evaluación y control propuesto para los cigarrillos electrónicos debería ser costeado íntegramente por las compañías comercializadoras, y no por las Administraciones públicas.

En su opinión, resulta anómalo que se proponga un sistema de tasas que no cubre los costes de la vigilancia que se exige a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas.