A su juicio, “nos encontramos ante un claro intento de estigmatizar a las personas inmigrantes creando una sanidad paralela, que no solo provocará un efecto llamada” a posturas radicales y xenófobas, sino que conllevará un mayor gasto administrativo”.

Además, producirá “una grave inseguridad entre el colectivo de personas migrantes en situación administrativa irregular, puesto que el Ejecutivo no ha aclarado si dichos datos tendrán un uso añadido al ser accesibles a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que podrían actuar sumariamente y encerrarlos en un CIE".

La red señaló que esta denuncia “es consecuencia de la cerrazón del Ministerio de Sanidad a recibir a los representantes de la Sociedad Civil, que han intentado en vano mantener un encuentro con el Secretario General de Sanidad”.

Lamentablemente, este “es conocido por sus amenazas a los Gobiernos autonómicos que si han dado pasos firmes para garantizar no una sanidad de segundo nivel, sino una integración plena como exige la Constitución y los tratados internacionales”.

De continuar adelante con su postura, desde la Red se procederá a plantear un frente común con las organizaciones que así lo deseen para arbitrar medidas de respuesta ciudadana y jurídica en el plano nacional e internacional, que impidan que se lleve a cabo este atropello a los Derechos y libertades fundamentales para cualquier ser humano.