En un comunicado, Facua valora que el organismo haya verificado que al menos 13 comercializadoras se han lucrado ilegalmente a través de estos teléfonos de información comercial y atención al cliente, ingresando ellas mismas un porcentaje del importe de las llamadas, pero “no ha anunciado medidas contra ellas”.

En su informe de supervisión de los servicios de atención al cliente de las empresas comercializadoras de gas y de electricidad, fechado en julio de este año, la CNMC indica que los ingresos por las llamadas a las líneas 902 han reportado entre 2 y 8 céntimos por cada minuto de comunicación a las compañías energéticas que se han lucrado con ellas.

Según el informe, en la mayoría de los casos las compañías alargaban además la duración de las comunicaciones a sus líneas 902 haciendo que los usuarios tuviesen que pasar por una media de dos a tres locuciones que les solicitaban datos sobre su identidad y los motivos de la llamada. Cuando se trataba de teléfonos gratuitos, el número de locuciones era inferior.

El real decreto de 2004, por el que se aprueba por el que se aprueba el reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración, define el prefijo 902 como "servicio de llamadas de pago por el abonado llamante sin retribución para el abonado llamado".

16 PROVEEDORES DENUNCIADOS

El pasado febrero, FACUA denunció a 16proveedores de servicios de telecomunicaciones que ofrecen la contratación de líneas 902 con el reclamo de obtener un beneficio económico por cada llamada recibida. Las denuncias fueron remitidas a las autoridades de protección al consumidor de Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia, donde las compañías tienen sus domicilios, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De igual forma, Facua reprochó que la Aecosan, dependiente del Ministerio de Sanidad, decidió archivar las denuncias con un “inaceptable” argumento basado en que ya había consultado el asunto en 2008 a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y este organismo señaló que no consideraba ilegal la práctica si el precio de las llamadas a las líneas 902 no es superior al "normal" cuando sus titulares se lucran con ellos.

También criticó la respuesta de algunas autoridades de consumo autonómicas, como las de Cataluña, Galicia o Murcia, que se han “desentendido” de sus denuncias.