El CJE subrayó que las instituciones deben garantizar la protección de las personas y colectivos más vulnerables a sufrir ciertas situaciones de injusticia y añadió que “basta con mirar las cifras de mujeres asesinadas para comprobar que este deber se está incumpliendo de forma constante”.

En este sentido, recordó que un reciente informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, en sus siglas en inglés) señala una falta de un compromiso real del Gobierno español en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, lo que se une a la demanda realizada por entidades como Amnistía Internacional que piden servicios y atención a las mujeres supervivientes de la violencia de género que no dependan de la denuncia con el fin de que las víctimas que necesiten recursos puedan acceder a ellos sin haber denunciado.

Por otro lado, el CJE indicó que el estudio ‘Sobre la inhibición a denunciar de las víctimas de violencia de género’, que acaba de publicar la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, “expone teorías acerca de esta lacra que, lejos de incidir en sus factores estructurales o sistémicos, recurren a explicaciones individualistas e intrapersonales” que pueden ser “contraproducentes” porque colocan “el foco en las mujeres más que en los aspectos socioculturales y económicos que generan las condiciones socioeconómicas en las que da la violencia machista”.

“El CJE también echa de menos que este estudio cuestione los motivos que llevan a las mujeres a no denunciar, puesto que uno de ellos podría ser la ausencia de recursos sociales y económicos que, de existir, podrían dotar de mayor autonomía a las mujeres y, por tanto, ayudarles a dar el paso de abandonar una situación de maltrato”, añadió.