El portavoz de IU, su candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, sentenció que el acuerdo es “perjudicial” para la economía griega, como lo han sido las políticas aplicadas los últimos seis años y los dos rescates anteriores.

Alertó de que las medidas contenidas en esos programas ahogan la demanda interna e impiden a la economía reactivarse. De los cerca de 80.000 millones del tercer rescate, subrayó, unos 50.000 saldrán del desmantelamiento del patrimonio de los griegos, incluidas sus islas, y solo el 15%, unos 12.500 millones, se destinarán realmente a planes de estímulo a la economía.

Insistió en que la “humillación” a Grecia tiene muchos paralelismos con la aplicada a Alemania en el Tratado de Versalles, en 1919, y alertó de que obligar a un país a pagar “hasta la última gota de sangre” en intereses de deuda mientras la gente lucha por sobrevivir comporta un riesgo “clarísimo” de crecimiento del fascismo.

Tachó de “gran estafa” el hecho de que los riesgos y las pérdidas se hayan transferido desde los acreedores privados, sobre todo bancos alemanes y franceses, a las instituciones públicas, principalmente los estados. La deuda “no se puede pagar”, sentenció, ni en términos técnicos ni morales.

Garzón se mostró convencido de que tarde o temprano habrá reestructuración con quita de la deuda, y se preguntó “por qué se está esperando a tanto” para liberar a la economía griega del lastre que le impide respirar.

La resolución que defenderá Izquierda Unida reclama al Gobierno que defienda un nuevo acuerdo que incluya esa reestructuración, sobre la base de que la responsabilidad de lo ocurrido corresponde a un modelo económico, el capitalista, y a las políticas neoliberales.

El otro portavoz de La Izquierda Plural, Joan Coscubiela, subrayó que el fondo del debate, tanto en Grecia como en España, es la necesidad de que los ciudadanos recuperen el ejercicio de la auténtica soberanía.