En declaraciones a Servimedia, Piernavieja, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, explicó que los ex presos de Guantánamo que sean trasladados a España no están condenados, ni sometidos a juicio, luego "son unas personas que tendrían que ser puestos en libertad inmediatamente".

"Aquí hay una presunción de inocencia, que es aplicable a cualquier ciudadano, por lo que un ciudadano libre de toda sospecha no tiene que ser vigilado", sentenció.

Aseguró que no se les puede mantener encerrados puesto que, teóricamente, no han cometido ningún delito, lo que a su juicio impide desde un punto de vista legal que sean vigilados por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Otra serían, recalcó, las "condiciones que España haya firmado con Estados Unidos" para establecer el trato que se les dará a los ex presidiarios de Guantánamo una vez entren en territorio español.

A su juicio, la única vía legal para que se les pueda recibir y mantener es otorgarles el estatus de refugiados políticos o la categoría de residentes.

Concederles la condición de refugiados supondría una serie de limitaciones, como que no puedan ejercer actividades políticas en España. Si vulnerasen dicho estatus, los ex presos podrían ser expulsados inmediatamente de España.

En caso de recibir el estatus de residentes por motivos humanitarios, los presos podrían moverse libremente por Europa, aunque Piernavieja auguró como algo muy posible que Estados Unidos "ponga una serie de restricciones" para limitar su salida de España.

El letrado del Consejo General de la Abogacía Española manifestó que tendría que ser el Ministerio de Asuntos Exteriores, y de forma indirecta el Ministerio del Interior, quien resolviera la situación jurídica de las personas trasladadas desde Guantánamo.

Según afirmó Piernavieja, los ex presos podrían permanecer en España por tiempo ilimitado, siempre y cuando no vulneren las limitaciones que se les imponga en el estatus que finalmente se les otogue.