Hace unos meses, tras “tortuosas negociaciones”, once países europeos, entre los que está España, alcanzaron un acuerdo para crear un nuevo impuesto o tasa a las transacciones financieras que comenzaría a aplicarse en el año 2016 ó 2017, pero que ha sido pospuesto sin fecha aún definida de comienzo, según explica en un comunicado el Cermi.

Aunque los sectores sociales como el de la discapacidad representado por este Comité consideraron “poco ambicioso” el acuerdo político europeo, que se desplegaría progresivamente, “es imprescindible que los ingresos procedentes de esta tasa vayan a cubrir necesidades sociales de los grupos ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad”, añade esta organización.

Tras el acuerdo europeo, que aún debe perfilarse en muchos detalles, la decisión de dónde y a quiénes destinar esos nuevos recursos económicos será en gran medida de cada Estado, por lo que el Cermi pide al Gobierno español que estos ingresos sirvan para nutrir un fondo dirigido a combatir la pobreza y las situaciones de exclusión, “que a la crisis desatada en 2007 no ha hecho más que exacerbar”.