El testimonio de la causa, que abarca seis tomos, se ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4, que instruye el ‘caso Bankia’ y que decidirá si existe conexidad entre la causa remitida por el Juzgado 31 de Madrid y otras que ya instruye.

El juez Fernando Andreu puede devolver el caso a reparto si no aprecia esa conexidad o bien asumirlo. Si vuelve a reparto será asignado de forma aleatoria a alguno de los seis juzgados centrales de Instrucción.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid acordó inhibirse en favor de la Audiencia Nacional con respecto de las diligencias previas abiertas para investigar los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales del que fuera vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

A petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado remitió el testimonio (copia oficial) de la causa, que ahora analizará el instructor del 'caso Bankia'. La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado día 3 un escrito en el Juzgado número 31 de Madrid en el que solicitaba su inhibición y que la investigación sobre los presuntos delitos cometidos por Rato y su asesor fiscal, Domingo Plazas, pasaran a ser instruidos en la Audiencia Nacional, tras la aparición de nuevos indicios delictivos.

EN EL EXTRANJERO

Esta petición se sustenta en los resultados de un informe remitido por la ONIF al juzgado el 21 de julio pasado, del que se desprenden nuevos datos indiciarios de la comisión de un presunto delito de blanqueo cometido en el extranjero, por lo que su investigación correspondería a la Audiencia Nacional.

Esos nuevos indicios de delitos se derivarían de las inversiones efectuadas por Rato, mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que el exvicepresidente del Gobierno fue administrador hasta abril de 2015.

Las inversiones en dicha sociedad alemana se habrían llevado a cabo a través de la sociedad Kradonara, SL, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad a su vez de Rato.

Los flujos de dinero que Kradonara remitió a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen, según el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, un “presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal”. Al tratarse de delitos cometidos en el extranjero, la competencia correspondería a la Audiencia Nacional.