En concreto, en su disposición adicional sexta, sobre “prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades”, la normativa dispone que “sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a las demás administraciones públicas, el Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborará cuatrienalmente un plan nacional de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades".

Este precepto añade además que este plan “se presentará a las Cortes Generales para su conocimiento, y se les informará anualmente de su desarrollo y grado de cumplimiento”.

Pero dicho mandato no se ha materializado, según denuncia el Cermi en un comunicado, a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que tuvo lugar en diciembre del año 2013.

Asimismo, el comité alerta de que tampoco existen informaciones o indicios de que se esté elaborando, “por lo que desde el Cermi se pide a la defensora del Pueblo que investigue esta presunta inacción del Gobierno del Estado y en caso de quedar comprobada, inste al mismo, a través del departamento o departamentos competentes, a confeccionar con celeridad el mencionado plan y a aprobarlo con arreglo a lo que la Ley establece, consultando en todo caso con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias”.