El tribunal ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de reconocimiento de los hechos y de reparación del daño. Tal y como se recoge en la sentencia, se considera probado que el ahora condenado, abusando de su posición de médico especialista del Servicio de Cirugía y Digestivo del Hospital de La Princesa, urdió un plan para lucrarse ilícitamente con la venta los fármacos, además de adquirir para sí fármacos que no podía obtener por el conducto reglamentario.

De ese modo, entre los días 31 de mayo de 2010 y 25 de marzo de 2011, extendió de su puño y letra 149 recetas oficiales de la Seguridad Social del modelo de pensionista en la cuales estampilló su sello profesional como facultativo del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Para ello, colocó las pegatinas con los datos personales de pacientes tratados en el citado hospital, a los cuales el acusado nunca había recetado esos medicamentos.

Tras extender irregularmente las recetas, él mismo o a través de terceras personas, cuyo conocimiento de la actuación ilícita del imputado no ha quedado acreditada, adquirió en once farmacias diferentes de Madrid numerosos medicamentos con recetas oficiales que él mismo había extendido, fingiendo que adquiría los medicamentos en representación y con conocimiento de los pacientes sin que el imputado tuviera que abonar importe alguno por estas medicinas al ser recetas de pensionistas.

Con este ‘modus operandi’, el acusado obtuvo gratuitamente medicamentos cuyo importe total ascendió a 7.179,55 euros, teniendo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que abonar a los titulares de las farmacias madrileñas dicha suma como pago de los medicamentos expendidos al acusado.