La iniciativa, firmada por la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Álvarez, reclama al Gobierno un sistema de valoración de riesgo que facilite a los jueces la toma de decisiones sobre las medidas a imponer para proteger a esos menores.

Los socialistas piden al Ejecutivo que un equipo de especialistas y expertos, en el ámbito de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, elabore un análisis para la creación de indicadores específicos de los factores de riesgo de los menores que viven en un entorno de violencia de género.

Reclaman un sistema individualizado de valoración de riesgo a través de sistemas de recopilación de información suficiente y contrastada que permita identificar información de origen policial, penitenciario y judicial, así como sanitario y de organismos de atención social, para identificar la peligrosidad criminal a través de elementos de valoración médico-forense.

Todo ello, explican los socialistas, serviría para auxiliar al juez ante la toma de decisiones respecto a la medidas a imponer para proteger a estos menores. Con el mismo objetivo, proponen formar a los equipos psicosociales en el conocimiento de los factores de riesgo asociados a la violencia.

Según explica Álvarez, el objetivo es que los jueces cuenten con elementos de juicio suficiente para valorar la suspensión cautelar de las comunicaciones cuando existan indicios racionales de criminalidad de un delito de violencia de género y proteger a los menores.

La dirigente socialista recuerda que los 44 menores asesinados en la última década durante el cumplimiento del régimen de visitas ponen en evidencia "la necesidad de romper con una atención rutinaria y prejuiciosa que antepone supuestos derechos paternos a la protección de los menores testigos o víctimas directas de la violencia de género".

"Incluso en situaciones de alto o extremo riesgo de violencia de género, son escasísimos los casos en que se priva a un progenitor del ejercicio de la patria potestad o se restringe el derecho de visitas", denuncia, lo cual podría llevar a pensar que en la práctica judicial la relación paterno filial tiende a primar sobre el interés superior del menor.