Según explicó este miércoles el Ministerio, el dispositivo se impulsa mediante la Instrucción 9/2015 dictada por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para prevenir toda actividad ilícita que tenga por objeto la comercialización de cable y otro material de cobre, así como evitar el robo en establecimientos industriales, almacenes, infraestructuras, servicios públicos y en cualquier instalación que preste servicios esenciales para la comunidad.

El plan contempla una nueva respuesta policial a través de una actuación coordinada de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar la aparición o consolidación de grupos u organizaciones relacionadas con esta actividad. Para ello, se incrementará la obtención de información que permita la mejora de los procesos de planificación y toma de decisiones para impulsar y orientar la actuación policial.

También se intensificarán las medidas de seguridad a través de mecanismos que refuercen el control y seguimiento administrativo de las distintas etapas del ciclo de vida del cobre, desde su proceso de fabricación, comercialización y uso en instalaciones e infraestructuras, hasta el final de su vida útil y su posterior recuperación y reinicio del ciclo.

El objetivo de todo el plan es mejorar la capacidad de respuesta policial en la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos relacionados con el material de cobre, así como la detención y puesta a disposición judicial de sus responsables y la recuperación del material robado.

La coordinación policial se amplía en el marco internacional, a través de Europol, Interpol y las demás instituciones de las que España forma parte; y también en el ámbito estatal con los cuerpos policiales autonómicos y locales con competencias en seguridad pública.

El plan busca también fortalecer la sensibilización y concienciación de las empresas, organismos e instituciones públicas y privadas sobre la transcendencia y repercusión que estas actividades delictivas pueden llegar a causar en el funcionamiento de servicios públicos esenciales.

CENSO Y MAPA

Una de las acciones recogidas en el plan es la creación de un censo de industrias, depósitos, redes de distribución, de servicios y otras instalaciones donde se fabrique, procese, utilice o almacene el cobre que es susceptible de ser sustraído. Además, se elaborará un mapa que muestre gráficamente las zonas donde se producen más robos de material de cobre, en el que se destacarán aquellas infraestructuras cuya sustracción pueda alterar gravemente la prestación de servicios esenciales para la sociedad.

Asimismo, se establecerán dispositivos preventivos con especial atención a la vigilancia de objetivos sensibles y se identificarán posibles lugares empleados para el almacenaje y ocultación del material robado, y se inspeccionarán los centros de gestión de residuos y los establecimientos de compraventa de materiales, comprobando sus licencias de funcionamiento.

Además, se supervisarán las operaciones de compraventa de cobre identificando la procedencia, los proveedores y los destinatarios del material, y se reforzarán los controles preventivos de las unidades policiales de tráfico y circulación de vehículos sobre los transportes por carretera de material de cobre.

Respecto a la investigación de estos delitos, el plan preve puntos de contacto permanente con las principales empresas y organismos que permitan su comunicación fluida y ágil con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y las investigaciones patrimoniales sobre los responsables de estas actividades ilícitas para desarticular las organizaciones criminales que las llevan a cabo y facilitar la recuperación del material robado.

DETENCIONES

En 2014, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 2.308 personas, recuperaron más de 529 toneladas de cobre y cerca de 3.700 kilómetros de hilo de cobre sustraído. En el período 2011-2014, se llevaron a cabo un total de 11.442 detenciones, se recuperaron más de 2.600 toneladas de cobre y más de 17.300 kilómetros de hilo de cobre robado.

Las provincias con mayor incidencia en la demarcación de la Guardia Civil son Valencia, Toledo, Alicante, Madrid, Murcia, Sevilla y Zaragoza mientras que en la demarcación de la Policía Nacional son Madrid, Sevilla, Valencia, Alicante, Vizcaya, Las Palmas y Cádiz.

Los lugares habituales de comisión de estos delitos son casas de campo, tendido eléctrico, transformadores, pozos de riego, estaciones, centros de reciclaje, campos eólicos, explotaciones agrícolas y ganaderas, vías públicas, empresas y obras.