Según informó la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación dirigida por Fina Santiago, será una norma con rango de ley, tal y como ha negociado ella con la Red de inclusión social, Cáritas Mallorca y la Fundació Deixalles.

Tras el encuentro, se decidió que la ayuda se aplique en cuanto lo permita la elaboración y aprobación de la ley, a partir de 2016, para abordar de manera urgente y prioritaria la situación de vulnerabilidad de los menores y, especialmente, la pobreza infantil.

Está previsto que el texto legal sea sometido a aprobación parlamentaria a finales de este año, de forma que las ayudas puedan comenzar a aplicarse en los primeros meses de 2016.

La renta social garantizada la gestionará la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación y se implementará progresivamente. La cantidad que recibirán a los beneficiarios será, como mínimo, de 426 euros y aumentará, igual que los colectivos beneficiarios, a medida que se incremente el presupuesto destinado a este fin. Será una ayuda compatible con otras ayudas finalistas, como las becas de comedor.

Para beneficiarse de la renta social garantizada se tendrá que demostrar que no se tiene ningún ingreso económico. Se percibirá mientras se mantenga la situación de vulnerabilidad económica y se dejará de percibir cuando la situación de la familia les permita hacer frente a los gastos básicos.

Uno de los motivos que han hecho que se plantee como una ley es que, por una parte, tiene que haber un régimen sancionador que evite el uso fraudulento de las ayudas y, por otra, que se permita a los beneficiarios cobrar de manera simultánea otras ayudas finalistas y no periódicas, como una beca de comedor.