Respecto a la ley catalana, que modifica otra análoga de 2006, el Gobierno recurre, en concreto, dos disposiciones adicionales relativas a la integración voluntaria de funcionarios en los cuerpos Superior de Inspectores Tributarios y de Técnicos de Gestión Tributaria de la Generalitat.

La modificación permite la incorporación a funcionarios de otras administraciones catalanas que realicen tareas análogas a las propias del cuerpo, pero, según el Consejo de Ministros, esto "excluye el derecho de acceder en condiciones de igualdad al resto de interesados del resto de España".

Esto vulneraría la igualdad constitucional de los españoles, el acceso a la función pública por mérito y varios artículos del Estatuto Básico del Empleado Público, que imponen la oposición y el concurso-oposición como sistema para dicho acceso.

COMPETENCIA SOBRE AGUAS

Por otra parte, el Consejo de Ministros también acordó recurrir al Constitucional varios artículos de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, que se aprobó en noviembre pasado.

Todos ellos otorgan al Gobierno atonómico de Aragón competencias exclusivas en materia de aguas intra e intercomunitarias, lo que a juicio del Ejecutivo central vulnera la que otorga al Estado el artículo 149.1 de la Carta Magna.

Igualmente, la ley aragonesa da por hecho que va a recibir competencias por transferencia o encomienda del Estado en virtud de convenios que afectarían a aguas intercomunitarias, lo que el Consejo de Ministros también ha considerado inconstitucional.