El Gobierno explicó que las inmunidades soberanas son un principio básico del derecho internacional y consisten en que los tribunales de un país deben abstenerse de ejercer su jurisdicción en procesos abiertos contra otro país (inmunidad de jurisdicción) y de adoptar medidas coercitivas contra sus bienes (inmunidad de ejecución).

Este tipo de inmunidades se han extendido en los últimos tiempos también a otros sujetos de Derecho internacional (organizaciones internacionales, celebración de conferencias internacionales) y tiene manifestaciones específicas en el ámbito de determinadas personalidades (jefes de Estado, presidentes de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores), buques y aeronaves de Estado o Fuerzas Armadas extranjeras presentes en España con consentimiento del Estado.

Esta ley tiene como objetivo garantizar “el pleno cumplimiento” del Derecho internacional existente en esta materia y que se encuentra disperso en tratados internacionales y en normas consuetudinarias que carecen de una plasmación escrita.

Con ello, España se sitúa a la altura de Reino Unido, EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Argentina o Japón en la redacción de este tipo de textos.

SOLDADOS QUE PASEN POR ESPAÑA

Esta ley determinará, de forma concreta, la posición frente a los tribunales españoles de los Estados extranjeros; las organizaciones internacionales con sede u oficina en España; las conferencias y reuniones internacionales que se celebren en España; los Jefes de Estado y de Gobierno y los Ministros de Asuntos Exteriores de otros países; los buques de guerra y los buques y aeronaves de Estado; y las Fuerzas Armadas pertenecientes a otro Estado que se encuentren en España o transiten por territorio español.

Quedarán fuera de la ley orgánica aquellas materias (como las inmunidades de las misiones diplomáticas y las oficinas consulares) reguladas en tratados internacionales de amplia aceptación, de los que España es parte y que ya se encuentran incorporados a nuestro ordenamiento.

Entre las ventajas que esta ley incorpora se encuentran, entre otras, que facilitará el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España en el ámbito de los privilegios e inmunidades, incrementará la seguridad jurídica en la materia, ayudará a los tribunales nacionales en el desempeño de su labor, y mejorará la imagen de España como un “Estado activo” en materia internacional y jurídicamente seguro.