El presidente del COI, Thomas Bach, anunció hoy en Kuala Lumpur (Malasia) que Pekín organizará los Juegos de Invierno de 2022, en detrimento de Almaty (Kazajistán), cuyo país, según HRW, tiene también “un triste historial de derechos humanos”.

“El lema olímpico de ‘más alto, más rápido y más fuerte’ es una descripción perfecta del asalto del Gobierno chino sobre la sociedad civil: activistas pacíficos detenidos en un tiempo récord y sometidos a un tratamiento mucho más duro”, comentó Sophie Richardson, directora de HRW en China.

Richardson añadió que, “en la elección de China para organizar otros Juegos, el COI ha tropezado en el gran obstáculo de los derechos humanos”. “En los próximos siete años, el COI tiene un enorme trabajo por hacer en China para ganarse una la credibilidad en materia de derechos humanos que asegure unos exitosos Juegos Olímpicos", comentó.

Human Rights Watch recalcó que la Carta Olímpica defiende la libertad de prensa e identifica la “dignidad humana” como esencial para el movimiento olímpico.

El pasado mes de diciembre y en respuesta a la presión internacional generada por los abusos a los derechos humanos en China y en Rusia, el COI aprobó un programa de reformas conocido como Agenda Olímpica 2020, que incluye requisitos específicos para las ciudades anfitrionas de los Juegos con el fin de garantizar los derechos laborales, defender la libertad de prensa y prohibir la discriminación por orientación sexual.

El informe de la Comisión de Evaluación del COI sobre las ciudades candidatas a acoger los Juegos de Invierno de 2022 señala que la máxima institución olímpica recibió “garantías” de las autoridades chinas en materia de derechos humanos, pero, según añadió HRW, sin proporcionar ningún detalle al respecto.

“PEOR MOMENTO”

HRW apuntó que los Juegos Olímpicos de Verano de 2008, celebrados en Pekín, fueron “un catalizador para los abusos de derechos humanos en un país con un pobre historial de derechos”, ya que esta organización pudo documentar violaciones vinculadas a la preparación y la celebración de esa cita deportiva, entre ellas desalojos masivos forzosos, más arrestos y hostigamiento hacia críticos del Gobierno, repetidas vulneraciones de la libertad de prensa y un aumento de actividades represivas.

“Los derechos en China están en su peor momento de las últimas dos décadas. Bajo la presidencia de Xi Jinping, las autoridades han detenido arbitrariamente y encarcelado a cientos de activistas, y han acosado y cerrado varias ONG clave. El Gobierno ha renovado los esfuerzos en mantener un estrangulamiento de la libertad de expresión en Internet y en los medios de comunicación, y ha promovido una mayor adhesión a la ‘ideología correcta’ y la supremacía del Partido Comunista Chino. Se han redactado o sancionado nuevas leyes que equiparan críticas al Gobierno o el Partido Comunista como amenazas a la seguridad del Estado y se ha establecido una Comisión de Seguridad Nacional que se centra principalmente en mantener el control sobre la sociedad”, explicó.

Por ello, HRW instó al COI a iniciar un periodo de consultas con las organizaciones de la sociedad civil independientes; establecer mecanismos eficaces e independientes de vigilancia para hacer un seguimiento e informar de la regresión en derechos laborales, libertad de prensa, discriminación, y hacer público que las violaciones de derechos humanos relacionadas con los Juegos Olímpicos podrían suponer un cambio de sede.