Según los datos de ese informe, aprobado el pasado 23 de julio por el Pleno del Tribunal de Cuentas, del endeudamiento del PP la mayor parte (36.869465,66 euros) correspondía a deuda hipotecaria para la actividad ordinaria. Otros 1.422.117,93 euros eran deuda con garantía personal para esa misma actividad y 2.254.778,32 euros procedían de préstamos para actividad electoral.

El PP registró ese año ingresos por 76.728.110,70 euros, de los cuales 58.388.313,16 correspondieron a financiación pública, el 76,10% del total, y 18.339.797,54 a financiación privada: 406.244,48 de donaciones (la mayor parte procedente de personas físicas); 4.381.006,31 a cuotas y aportaciones de afiliados; 9.429.406,14 a aportaciones de cargos públicos; y 4.123.140,61 a otros ingresos.

Según el informe, la deuda de los populares con entidades de crédito se redujo ese año un 25,44% respecto del ejercicio anterior. Su activo al cierre del año ascendía a 115.797.154,27 euros (correspondiendo el 57,8% al activo no corriente) y su neto patrimonial a 70.321.407,28.

ALGUNAS DEFICIENCIAS

El Tribunal precisa que el inventario facilitado por el PP estaba incompleto, al integrar únicamente el inmovilizado de la sede central. Además, pese a haber incorporado la contabilidad de 192 juntas locales más en 2012, seguían faltando las cuentas de una parte de la organización en el ámbito local.

El partido que lidera Mariano Rajoy no registró subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana por importe de 339.019,04 euros que estaban pendientes de cobro al cierre del ejercicio, y tampoco a cinco grupos parlamentarios autonómicos por 128.814,53 euros.

Según el informe del órgano fiscalizador, la formación popular no facilitó los acuerdos suscritos con las tres empresas suministradoras de las aplicaciones informáticas que fueron activadas ese año; los justificantes de las cancelaciones de las deudas contraídas con dos proveedores de las sedes de Baleares y Madrid por importe conjunto de 102.089,78 euros; ni los justificantes de los ingresos extraordinarios por importes de 93.984,59 y 76.847,52 correspondientes a las sedes de e Ibiza y Menorca.

Tampoco aportó parte de la documentación justificativa de los gastos de representación y colaboraciones y de viaje solicitados como muestra, ni la relativa a los anticipos y préstamos concedidos al personal y retenciones practicadas en concepto de IRPF y comunicadas a la Agencia Tributaria.

De la fiscalización “no se deducen incumplimientos susceptibles” de aplicar las sanciones recogidas en la ley, aunque se especifican algunas “irregularidades”: aunque el partido disponía de cuentas bancarias específicas para el ingreso de las cuotas de militantes y de aportaciones de cargos públicos, estas se ingresaron de manera indiferenciada en las mismas cuentas, y en cinco sedes territoriales se detectó que las cuentas específicas incluyeron otros ingresos correspondientes a su funcionamiento ordinario, lo que supone un incumplimiento de la ley.

Además, se especifica como “irregularidad” que el partido excedió el límite de 2.500 euros para pagos en efectivo previsto en la ley de prevención y lucha contra el fraude, en un pago realizado por la sede regional de Asturias por 6.873 euros.