Según ese informe, los recursos privados contabilizados por cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes ascendieron ese año a 42,8 millones de euros, y las donaciones a 5,9 millones. De los 205,7 millones de deuda con entidades de crédito, 127 correspondían a deudas con garantía hipotecaria.

El Tribunal de Cuentas ha detectado "incumplimientos de la prohibición de recibir donaciones anónimas" en dos de los partidos fiscalizados, aunque fueron por importes "insignificantes".

Ha detectado otras irregularidades relativas a la ausencia de cuentas bancarias específicas para el ingreso, en exclusiva, de las cuotas y aportaciones de afiliados y simpatizantes; el ingreso de donaciones en cuentas no destinadas exclusivamente a recursos de esta naturaleza; y donaciones procedentes de personas jurídicas, sin que conste el acuerdo preceptivo del órgano social competente.

En este informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 23 de julio, se han fiscalizado 32 partidos políticos que han percibido, directa o indirectamente, algún tipo de subvención pública para atender sus gastos de funcionamiento.

Todas esas formaciones presentaron sus cuentas anuales consolidadas, aunque cuatro de ellas lo hicieron fuera de plazo, y en algunos casos la información facilitaba no se ajustaba exactamente a los requerimientos legales.

Por ejemplo, hubo "deficiencias" en los inventarios de varios partidos, que no integraban los bienes de todas sus sedes territoriales, y algunos partidos incluso carecían de ese inventario. En otros casos, no estaba integrada la totalidad de la actividad económica-financiera de las formaciones, porque faltaba, por ejemplo, la de grupos municipales.

Además, el Tribunal de Cuentas ha verificado el incumplimiento de la prohibición legal de realizar pagos en efectivo por importes superiores a 2.500 euros, y el mantenimiento de participaciones en sociedades mercantiles, también prohibida por la ley.