Bravo calificó el procedimiento seguido por el Gobierno central como “antidemocrático y opaco”, y aseguró que “viola la legislación vigente en España”.

En concreto se refirió al ‘Convenio de Aarhus’, ratificado por España y en vigor desde el 29 de marzo de ese año, que regula el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

“Para decidir el emplazamiento de un centro como el ATC, que conllevará la instalación de un centro asociado de experimentación con residuos radioactivos, la normativa vigente obliga a poner en marcha un proceso que sea participativo desde el primer momento, en el que se involucren todos los agentes sociales interesados, y la Administración en este caso ha hecho gala de una falta de transparencia alarmante", dijo.

IMPUGNAR EL PROCESO

Por ello, señaló que "vamos a presentar una resolución porque todo el proceso debe ser impugnado; así las candidaturas actuales dejarían de tener valor, y entre todos podríamos consensuar la opción menos mala en gestión de residuos”, apuntó.

En su opinión, esa opción pasaría por el anuncio por parte del Gobierno central de un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares operativas en España, y la búsqueda del consenso entre tanto.

La propuesta que él y otros grupos ecologistas proponen descarta la opción del almacén centralizado y apuesta por almacenes individualizados en cada una de las centrales nucleares existentes.

Bravo, junto al secretario regional de Medio Ambiente de CCOO, José Antonio López Murillo, y el representante de Ecologistas en Acción, Fernando Ramos, invitó a los castellanos y leoneses a participar en la concentración que tendrá lugar el próximo domingo a partir del mediodía en Villalón de Campos, promovida por la plataforma Tierra de Campos Viva.