En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta dio cuenta de la evaluación trimestral del informe para la reforma de la Administración, aprobado hace dos años y que contiene 222 medidas. De ellas, 172 están “completamente finalizadas”, más de 77%, y otras 37 están “notablemente avanzadas” a falta de “un empujón”.

El total de entes públicos suprimidos asciende a 2.297, de los cuales 107 correspondían al Estado, 754 a las comunidades autónomas, y el resto a entidades locales, lo cual demuestra un “intenso trabajo”.

En conjunto, hasta la fecha esas medidas han permitido a las arcas públicas un ahorro de 22.300 millones de euros, “parecido a lo que nos gastamos en prestaciones por desempleo al año”, subrayó la vicepresidenta. Solo en la centralización de contratos por parte de ministerios y organismos públicos estatales para la prestación de servicios como limpieza, energía eléctrica o telecomunicaciones se han ahorrado 500 millones de euros.

Además, ciudadanos y empresas se han ahorrado 2.300 millones gracias a esas medidas de reforma de la Administración. Aunque forma parte de la reforma, el informe trimestral cuantifica aparte, por ser “más excepcionales”, los 5.000 millones ingresados por la venta de participaciones empresariales, con lo que el ahorro total suma 29.600 millones.

Durante el último trimestre se han ultimado 25 medidas, muchas de ellas vinculadas al régimen jurídico de las administraciones y para avanzar hacia una administración “mucho más electrónica” y con más rigor y eficiencia en la creación y el funcionamiento de organismos públicos.

Como ejemplos de las últimas medidas adoptadas, la vicepresidenta se refirió a la simplificación de trabas administrativas para la gestión de residuos, ayudas al despliegue de banda ancha en colegios, facilidades para la liquidación de deudas frente a las administraciones, o la gestión integral de la contratación de servicios por parte de organismos públicos, como ministerios.

Además, citó el sistema de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, que en fase de pruebas está permitiendo a 150.000 empresas y más de un millón y medio de trabajadores recibir las liquidaciones por parte de la Tesorería.