Catalá, en una entrevista con Servimedia, confirmó que el Gobierno modificará la redacción que, tras una enmienda de CiU apoyada por el PP, se dio en el Congreso al artículo 520 de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Esta reforma legislativa está actualmente en el Senado.

El titular de Justicia explicó que el Gobierno y el PP plantearán en la Cámara Alta una nueva redacción para el artículo 520, de forma que en el mismo se inste a jueces y Fuerzas de Seguridad a introducir “medidas razonables” para garantizar la intimidad de los detenidos. Sin embargo, no se prohibirá hacer foto a los arrestados.

El ministro explicó que “nadie pretende evitar grabar imágenes, impedir la labor de los medios de comunicación, pero eso no puede menoscabar los derechos de una persona que está siendo objeto de un proceso judicial, donde su presunción de inocencia debe prevalecer y donde sus derechos a la imagen y a la intimidad también deben ser razonablemente atendidos”.

CASO DE RODRIGO RATO

Añadió que “si en algún momento se ha interpretado que ahí se menoscababa el derecho a la información, no era es el objetivo, en absoluto”. “Nuestro compromiso con los sindicatos y las asociaciones de periodistas fue encontrar una redacción que refuerce los derechos a la información y los derechos de la persona que participa en un procedimiento”, señaló el ministro, quien dijo que esto es lo que va a hacerse.

Explicó que la nueva redacción del artículo 520 planteará que se adopten “medidas razonables” por parte de jueces y Fuerzas de Seguridad para evitar fotografías como detenidos esposados de dos en dos y por la mano derecha.

Indicó que también se pretenden evitar imágenes como la del funcionario de la Agencia Tributaria que, en abril pasado, bajó la cabeza del exvicepresidente Rodrigo Rato cuando era introducido en un coche tras el registro de su domicilio y con el fin de ser trasladado a su despacho profesional.

Según Catalá, con la modificación y nueva redacción del artículo 520 de la Lecrim, se pretende hacer una “llamada a esa razonabilidad en las medidas que acompañan la instrucción jurisdiccional, que no menoscaba, en absoluto, sino todo lo contrario las garantías del derecho a la información”.