La práctica restrictiva consistiría en una recomendación colectiva de precios materializada a través de la elaboración y publicación de unos criterios orientativos del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara, elaborados a los exclusivos efectos de tasación de costas y jura de cuentas.

Este expediente tiene su origen en el expediente sancionador incoado también contra el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara en marzo de 2014, por otra posible conducta anticompetitiva consistente en el establecimiento de requisitos a los abogados que deseen participar en la prestación de servicios asociados a la asistencia jurídica gratuita en Guadalajara que podrían excluir injustificadamente de esa actividad a aquellos que no los cumplan.

De la investigación de ese expediente se desglosaron copias de sus estatutos y de sus criterios orientativos, elaborados a los exclusivos efectos de tasación de costas y jura de cuentas.

Tras el análisis de esta información, puede deducirse que existen “indicios racionales” de la comisión, por parte del Colegio, de una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, y se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.