Así lo indicó en la clausura de la jornada de presentación de la nueva Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se celebró en la sede del Ministerio de Empleo y en la que participaron representantes de los agentes sociales.

Según la ministra, el fraude “perjudica” al trabajador, a las empresas y al sistema de bienestar porque estos trabajadores “no cotizan a la Seguridad Social”. "El empleo de calidad empieza por un contrato”, defendió.

Báñez destacó que la Inspección de Trabajo en España es un “cuerpo de primera, funciona y trabaja bien”. Así, desde 2012 han aflorado 288.000 empleos, es decir, “gente que trabajaba sin derechos”; se han realizado 725.000 inspecciones en materia laboral y se han detectado 113.000 altas ficticias en la Tesorería General de la Seguridad Social, cuyo “único objetivo era defraudar a las arcas públicas”.

La titular de Empleo señaló que “hemos empezado a ver resultados importantes” gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno, lo que ha permitido también tener “un país con más derechos, más solidario y más justo”.

En este sentido, defendió que los 12.800 millones de euros recaudados desde 2012 equivale al pago a un millón de pensionistas en todo ese periodo. “Por eso es tan importante luchar contra el fraude”, aseguró.