Dicha reforma, que tras el visto bueno de la Cámara Baja pasará al Senado, fue aprobada por el Gobierno en abril a través de un real decreto que fue convalidado por el Congreso, aunque abriendo la posibilidad de tramitarlo como proyecto de ley, lo que permite aportaciones de los grupos parlamentarios.

A raíz de esta reforma, será el sector privado, a través de entidades especializadas en la impartición de formación profesional, el que desarrolle esta tarea en un entorno de libre competencia.

Además, el decreto sustituye la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que era el principal órgano de gobierno del sistema, por una nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Por otro lado, la reforma recoge un endurecimiento de las sanciones por casos de fraude bajo el principio de 'tolerancia cero' en la gestión de los fondos de formación.

Por último, la reforma recoge el establecimiento de una cuenta de formación asociada a cada trabajador, que le acompañará toda la vida laboral y certificará toda la formación que haya hecho.