Explicó que este aeródromo será el primero autorizado por la Comunidad, dijo González, quien indicó que su Plan Director está actualmente en fase de redacción.

Este aeródromo se ubicará en una parcela situada entre la M- 404 y la R-5, en los términos municipales de El Álamo y Navalcarnero, y supondrá el desmantelamiento definitivo del aeródromo de Cuatro Vientos, absorbiendo, por una parte, las operaciones de aviación de escuelas, y, por otra, las de aviación de negocios que operan en la Base Aérea de Torrejón.

Aseguró que será puesta en marcha por la Comunidad una vez entre en vigor la Ley de Instalaciones Aeroportuarias y que cuando esté en funcionamiento supondrá un importante impulso económico para la región, gracias a la creación de un moderno aeródromo que estará rodeado de un importante desarrollo industrial y logístico, y que generará actividad económica y un gran número de puestos de trabajo directos e indirectos.

Asimismo, informó de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó hoy enviar al Consejo Económico y Social (CES) el Anteproyecto de Ley de Instalaciones Aeroportuarias para su revisión.

Explicó que esta futura norma pretende dotar a la región de los recursos jurídicos y administrativos adecuados para planificar y gestionar los aeropuertos y helipuertos que sean competencia de la Comunidad de

Madrid, favoreciendo así el crecimiento económico de la región.

Dijo que actualmente en el ámbito europeo la aviación de negocios aporta más de 20.000 millones de euros, aportando al PIB de cada país un 0,2% de media, mientras que España está por debajo de este nivel, siendo en Madrid un 0,1% del PIB de la región.

Indicó que con esta ley el Gobierno regional desarrolla una competencia recogida en el Estatuto de Autonomía cuyo objeto es regular la planificación, autorización, construcción, gestión, y régimen de inspección y control de las instalaciones aeronáuticas competencia de la Comunidad de Madrid, es decir, que se encuentren dentro del territorio madrileño, y que no tengan la calificación estatal de interés general, ni realicen actividades comerciales.

La futura ley incluye la reivindicación histórica de la Comunidad de Madrid de participar en la gestión del aeropuerto de Barajas junto a la Administración central, así como en cualquier otro aeropuerto de interés general situado en el territorio madrileño en el que se acuerde una gestión compartida.

La Comunidad de Madrid creará un Registro de Instalaciones Aeroportuarias donde tendrán que inscribirse todos los aeropuertos y

helipuertos que obtengan la autorización de funcionamiento por parte de la

Consejería de Transportes e Infraestructuras.

La construcción, modificación relevante, apertura al tráfico o cierre de un aeropuerto o helipuerto en la región requerirá la autorización de la Comunidad de Madrid, que será otorgada en un plazo de seis meses, entendiéndose concedida en caso de silencio administrativo. Esta medida pretende agilizar la tramitación de las autorizaciones de funcionamiento.

Las instalaciones aeronáuticas contarán con un Plan Director que delimitará su zona de influencia incluyendo un análisis del tráfico aéreo previsto, la localización de las zonas de servicio y las infraestructuras terrestres de acceso a la instalación, así como de las necesidades futuras en todos estos aspectos.

El Plan Director delimitará el ámbito territorial que pueda verse afectado por las servidumbres aeronáuticas.

Estos planes, que incluirán un análisis de repercusión económica en la zona, se revisarán siempre que haya que incluir modificaciones y deberán actualizarse, al menos cada ocho años.

La Comunidad de Madrid ejercerá las labores de inspección de las infraestructuras aeroportuarias de su competencia con la finalidad de garantizar su buen funcionamiento y que se cumplen los requisitos establecidos en las autorizaciones y planes directores.

La futura norma establece también un régimen sancionador para el caso de infracciones.