A su juicio, la reforma pretende limitar la autonomía y el acceso a un aborto legal y seguro de las adolescentes de 16 y 17 años y de las mujeres y adolescentes con una discapacidad intelectual incapacitante, al exigirles el consentimiento parental para poder tomar la decisión.

Esta proposición es “discriminatoria”, tal como han indicado organismos internacionales como el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación de la mujer en la ley y en la práctica, que señala que se trata de una medida contraria a las obligaciones de la Convención de los Derechos del Niño y a las de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

Por ello, AI ha recogido más de 50.000 firmas a través de una campaña on line para exigir la retirada de la reforma.

Según Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España, “Esta iniciativa legislativa no está basada en criterios médicos y, por lo tanto, puede suponer una discriminación en el acceso de estas menores a servicios de aborto legales y seguros”.

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular justifican esta medida en la protección de las mujeres, apuntó, cuando “exigir este consentimiento implicaría muy probablemente un aumento del número de adolescentes que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales”.

Asimismo, coloca a las menores que puedan ser objeto de violación por parte de su progenitor o de las personas que ostenten la patria potestad “en una situación de especial indefensión”.

A LA COLA

AI señaló que esta Proposición de ley aleja a España de la mayoría de países de la Unión Europea, pues “nos equipararía a legislaciones como las de Bulgaria, Chipre, República Checa, Turquía, Georgia, Grecia, Macedonia o Hungría, donde también se exige a las menores el consentimiento parental.

“Nos pondría a la cola de Europa” y, además, se trata de “una medida injustificada e innecesaria”, recalcó.

Según datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), más del 87% de las menores que abortaron entre enero y septiembre de 2014 lo hicieron acompañadas de sus padres.