Los diputados debatieron dos normas, la modificación parcial de la Ley General Tributaria y el proyecto de ley orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

La primera ha quedado aprobada tras su paso por la comisión, mientras que el proyecto de ley orgánica deberá pasar por el Pleno el jueves.

Ambas normas, a las que sólo se han incorporado enmiendas del PP, serán después remitidas al Senado para proseguir su tramitación.

La reforma de la Ley General Tributaria permitirá publicar la lista de deudores con Hacienda, y en ella aparecerán personas y empresas con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario. Se exceptúan las deudas aplazadas o suspendidas.

La primera lista de deudores con la Administración se publicará en el cuarto trimestre de este año e incluirá a quienes, a fecha del 31 de julio de 2015, incurran en las circunstancias mencionadas. Al establecer una fecha concreta, se abre la posibilidad de saldar antes las deudas para evitar aparecer en las listas.

Por su parte, la ley orgánica va a permitir que se publiquen datos esenciales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública.

El texto final del informe de la ponencia, con las enmiendas del PP incorporadas, de la reforma de la Ley General Tributaria salió adelante por 23 votos a favor y 18 en contra.

Mientras, el proyecto de ley orgánica por la que se regula la publicidad de información de sentencias de fraude fiscal se aprobó por 23 votos a favor, 15 en contra y tres abstenciones.

El diputado del PP Fernando López Amor defendió la propuesta del Gobierno, para subrayar que es un paso más en las eficaces medidas se han puesto en marcha en los últimos años para luchar contra el fraude y que ha permitido unos resultados “desconocidos” hasta la fecha.

El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, dijo que esta reforma es una “oportunidad perdida” y reiteró la petición de que el Gobierno publique los nombres de las personas físicas y jurídicas que se acogieron a la ‘amnistía fiscal’ del 2012.

Para el diputado de CiU Antoni Picó consideró que la norma recoge una serie de aspectos que no son admisibles porque son contrarios a la seguridad jurídica en las relaciones entre la Administración y el contribuyente, pues da al primero un poder “excesivamente amplio”.

Desde las filas de La Izquierda Plural, Ricardo Sixto abogó por impulsar la seguridad jurídica en esta materia y consideró que uno de los “graves problemas que adolece este proyecto de ley” es que no hace referencia a quienes se acogen a las ‘amnistías fiscales’.

El diputado de UPyD Rafael Calduch dijo que su grupo tiene una valoración “muy negativa en conjunto” del texto, porque “viola derechos fundamentales” sobre el pretexto de luchar contra el fraude fiscal. En este sentido, defendió que la “mejor herramienta” para la luchar contra el fraude es la “conciencia fiscal de que quien paga sus impuestos es solidario con sus conciudadanos”.