Según informó este miércoles en rueda de prensa el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz, esta intervención es fruto de las investigaciones desarrolladas desde el pasado mes de enero para mejorar el control y desmantelamiento de las organizaciones que gestionan la venta y distribución de boletos y cupones para rifas con premio en metálico sin autorización administrativa.

Para ello, en la mañana del 4 de julio agentes de la Unidad Adscrita registraron la sede que la OID tiene en Málaga, con la finalidad de proceder a la intervención de todo el material (cupones, documentación contable e informático) en relación con la actividad ilegal del juego. Además de los cupones, que tienen un valor facial de 350.000 euros, los agentes encontraron también ocho discos duros e información sobre los ingresos y la contabilidad de la organización.

Ruiz afirmó que a lo largo de 2014 la Unidad de Policía adscrita a la Junta intervino en la provincia malagueña un total de 97.190 boletos de lotería ilegal, con lo que el resultado de la operación realizada ahora en julio duplica lo intervenido durante todo el año pasado.

El representante del Gobierno andaluz indicó también que las actas policiales de la intervención e incautación, una vez analizadas y estudiadas, podrán dar lugar a las actuaciones judiciales que se determinen por los presuntos delitos correspondientes, así como a las actuaciones administrativas llevadas a cabo por el Servicio de Juego de la Delegación del Gobierno, ya que suponen una infracción muy grave a la Ley de Juego de la Comunidad Autónoma, tipificada como “la organización, práctica o celebración, gestión o explotación de juegos o apuestas sin poseer ninguna de las autorizaciones administrativas”.

La sanción prevista oscila entre los 10.001 y los 300.000 euros, aunque no podrá ser inferior al quíntuple de la cantidad defraudada cuando se aprecie fraude.

Además, finalizó Ruiz, estos sorteos no autorizados tampoco abonan las tasas fiscales correspondientes, lo que aumenta el beneficio que los organizadores obtienen por su celebración. Por tanto, esta actividad ilegal supone un fraude para la Hacienda Pública y una competencia desleal para las organizaciones debidamente autorizadas y que cumplen sus obligaciones tributarias.