Lo hizo durante el debate de las enmiendas de totalidad a ese proyecto, que serán rechazadas gracias a la mayoría absoluta del PP, comenzando así el trámite parlamentario del texto.

La vicepresidenta subrayó que el terrorismo yihadista es una amenaza “real y crítica” y está “muy lejos” de ser un mero “contexto discursivo”, como dice alguna de esas enmiendas. La ley, añadió, es “una nueva oportunidad” para el acuerdo de los demócratas “frente a la barbarie” y ante “cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo nuestros derechos y libertades, nuestra democracia”.

Aseguró que la ley no responde únicamente a la voluntad de un Gobierno, sino que es una “obligación ineludible para cualquier Estado que quiera garantizar la seguridad” del país y de sus couidadanos, ya que responde a una realidad global que está cambiando y que seguirá haciéndolo.

El concepto de seguridad, explicó, está sometido a nuevas amenazas que exigen un nuevo planteamiento a la hora de enfrentarlas, y con independencia de las diferencias entre los grupos parlamentarios, todos coinciden en que la seguridad debe ser una prioridad porque sobre ella se asientan el ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos como individuos y como sociedad.

La seguridad es hoy un concepto “amplio, dinámico y multidisciplinar” que a los aspectos tradicionales suma otros que se han ido consolidando y que conforman un “escenario mucho más complejo” y que requiere anticiparse a los riesgos.

Sáenz de Santamaría subrayó que España superó cincuenta años de terrorismo gracias a la unidad de los demócratas y a la madurez y ejemplaridad de la sociedad, y hoy es un “referente” mundial en esa lucha, con una experiencia que es a la vez una exigencia, también frente al yihadismo.

Aunque evitó expresamente mencionar a ningún grupo terrorista, aseguró que esa amenaza es “de primera magnitud” y es necesario responder con todos los mecanismos que proporciona el Estado de Derecho, por ejemplo previniendo cualquier perturbación sobre las infraestructuras críticas.