Al contar esta comisión con competencia legislativa plena, ambos proyectos de ley pasan ahora al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria. En el caso de que no incorporaran nuevas enmiendas en la Cámara Alta, quedarían definitivamente aprobados tal y como han salido hoy del Congreso.

En su paso por la Cámara Baja, el proyecto de Ley del Sector Ferroviario, que fue aprobado solo con los 23 votos del PP, incorporó una única enmienda de la oposición, en este caso de CiU, de las más de 200 presentadas.

A este respecto, la portavoz adjunta del PP en esta comisión, María de la Concepción de Santa Ana, explicó que dicha enmienda encaja con “nuestra filosofía" y "es muy parecida”. Además, apuntó que es de carácter técnico.

En cuanto al proyecto de Ley de Carreteras, fue aprobado con 24 votos favorables e incorporó seis enmiendas del PSOE, del centenar presentadas por los grupos de la oposición.

Entre las enmiendas socialistas, destaca una que contempla que las sanciones que se puedan imponer a las concesionarias de autopistas por no cumplir sus obligaciones se actualicen en función del IPC.

En su periplo por la Cámara Baja, el Proyecto de Ley de Carreteras no recibió enmiendas de devolución, algo que sí le ocurrió al del Sector Ferroviario, cuya devolución fue demandada por PSOE, la Izquierda Plural, PNV, ERC y BNG.

Entre sus novedades, la nueva Ley de Carreteras permitirá un máximo de tres gasolineras seguidas de un mismo proveedor, medida con la que pretende incentivar la competencia en el sector.

En ambas normativas, se exige una evaluación económica y social previa a la construcción de cualquier nueva infraestructura. En el caso de las carreteras se pide también un análisis previo de seguridad vial.

Además, la de carreteras contempla la suspensión temporal y cautelar de las recalificaciones urbanísticas que afectan a la planificación de una nueva vía.

También permite la iniciativa privada en la aprobación de nuevas áreas de servicio, la eliminación de elementos publicitarios que puedan afectar a la seguridad viaria y actualizará las sanciones a las concesionarias de autopistas de peajes que están en vigor desde 1973.

Por su parte, el proyecto de ley ferroviario persigue generar un incremento de la oferta y de su calidad, reforzar la seguridad y trasponer la normativa comunitaria.

Para incrementar la oferta, contempla una revisión de los cánones ferroviarios que percibe Adif con el objetivo de favorecer la entrada de nuevos operadores. Así, elimina el canon de acceso y aprueba otros nuevos por el consumo eléctrico o por el uso de vías.