Caamaño respondía así a la denuncia del portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarría, quien denunció en una interpelacion urgente la entrada de "supuestos menores", cuya edad no puede ser confirmada en un primer momento y que tienen que ser acogidos.

Olabarría aseguró que "el 60% de los menores extranjeros acogidos por la Diputación Foral de Álava no son menores de edad", y para ilustrar su afirmación exhibió la fotografía de uno de esos supuestos jóvenes barbados, que tienen seguramente, dijo, "más años que usted, señor ministro".

El diputado pidió al ministro que se "uniformicen" los criterios para detectar la edad de los menores extranjeros que llegan no acompañados y que en ocasiones copan los servicios asistenciales.

Para ello, solicitó que el fiscal general del Estado "dicte instrucciones en donde consten criterios homogéneos y únicos para determinación de la edad para todas las fiscalías", que deberían incluir "las pruebas médicas óseas", que son "la manera más fiable y rigurosa de determinar la edad de los menores".

Olabarria consideró que el reparto de menores en las distintas comunidades autónomas es "desproporcionado e injusto", puesto que frente a autonomías "verdaderamente saturadas", hay otras que "no acogen a ningún menor".

Además, denunció que detrás de unos pasaportes falsificados "hay un delito no sólo de falsificación, sino de tráfico de personas", por lo que pidió al ministro que "actúe, persiga y solucione".

El titular de Justicia recordó a Olabarria que "la Constitución dicta la protección de los menores", que debe estar garantizada hasta su repatriación. Inisistió en que el Derecho no es una ciencia exacta y explicó que cuando no se puede establecer la minoría de edad la ley establece unos pasos a seguir.

"Primero se le dará amparo de los servicios de protección de menores", que están obligados a dar la atención que estos jóvenes precisen; luego se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal su posible condición de menores, y es ella la que determina la edad, con la colaboración de los ervicios sanitarios.

En cualquier caso, se trata de un procedimiento de urgencia que "marca con precisión los pasos a seguir". Es una medida "cautelar, provisionalísima, para atender la realidad de una persona cuya edad desconocemos, pero que necesita amparo. Es, en definitiva, una intervención de urgencia que no persigue establecer con carácter definitivo la edad, que puede ser determinada a posteriori".