Y es que, recordó el Cermi, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en España, obliga a los Estados parte a derogar los sistemas que como el de la incapacitación judicial limitan la igual capacidad jurídica de las personas, incluidas aquellas que presentan una discapacidad y a sustituirlos por otros que garanticen apoyos para la toma libre y autónoma de decisiones.

El citado comité entiende que el sistema de limitación de la capacidad existente en España no es compatible con los mandatos de la convención, por lo que no vería "admisibles retoques o ajustes de detalle". Apuesta, en su lugar, por crear un nuevo modelo, "centrado en los apoyos".

Para el Cermi, la convención "es una oportunidad histórica para abandonar sistemas paternalistas que merman la igualdad de las personas con discapacidad ante la ley y para cambiarlos por otros que potencien la libre determinación, con los soportes y salvaguardias necesarios".

"A pesar de las resistencias de sectores jurídicos que se aferran a instituciones seculares, que a su entender son inamovibles, la Convención es un hecho jurídico indiscutible e irreversible que está por encima del Derecho interno preexistente", continúa el sector representativo de las personas con discapacidad.

A juicio del Cermi, el Ejecutivo y el legislador han de ser "valientes y audaces" para responder normativamente a los desafíos que en materia de igualdad jurídica y toma libre de decisiones plantea la Convención de la ONU.