El proyecto de Ley de Estabilidad y Reconciliación Nacional fue aprobado por el Parlamento afgano a principios de 2007 y publicado oficialmente en noviembre de 2008, pero, excepcionalmente, se difundió públicamente el pasado mes de enero.

Para Amnistía, esta norma supone que quienes cometieron violaciones graves de derechos humanos y de las leyes de la guerra, como matanzas, desapariciones forzadas generalizadas y uso sistemático de tortura, ejecuciones públicas y otras formas de malos tratos quedan inmunes al procesamiento si se comprometen a colaborar con el Gobierno afgano.

El proyecto de ley recoge que los talibanes que aceptaran cooperar con el Gobierno afgano también serían inmunes al procesamiento, a lo cual Amnistía recordó que el Ejecutivo de Karzai señaló como prioritaria la reconciliación con los talibanes en una conferencia internacional celebrada en Londres (Reino Unido) el pasado 28 de enero.

Amnistía y otras organizaciones, como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, consideran que esta ley es "un intento de dar cobertura legal a la impunidad de que siguen disfrutando los autores de violaciones de derechos humanos, incluidos los talibanes".

En este sentido, el director del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, Sam Zarifi, afirmó que "los talibanes tienen un historial de espantosos abusos contra los derechos humanos, cuando gobernaban en Afganistán y también en la actualidad, en las zonas bajo su control. Hay que exigirles que respondan de sus actos, no garantizarles oficialmente la impunidad".

Zarifi señaló que los defensores de esta norma "no pueden limitarse a borrar el historial afgano de gravísimas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra en los tres últimos decenios a golpe de legislación, ni pueden acallar las continuas reclamaciones de justicia y rendición de cuentas por parte de la población afgana".

Además, subrayó que "muchas de las personas acusadas de abusos cometidos en el pasado ocupan en la actualidad destacados cargos públicos, cuando pesan sobre ellos nuevos cargos de implicación en violaciones de derechos humanos".