A través de una nota de prensa, SCC argumentó que "la utilización de las estructuras y medios de la administración para la preparación de la ruptura del orden constitucional es inadmisible y supone un fraude para el conjunto de los catalanes".

Para esta organización no independentista, los catalanes "legítimamente aspiran a que la Generalitat se ocupe de las competencias que tiene atribuidas y no de otras supuestas que, además, se orientan a la fractura de la sociedad catalana y el perjuicio de los intereses tanto de los catalanes como del conjunto de los españoles".

Ahora, Societat Civil Catalana "espera que el Tribunal Constitucional resuelva con prontitud y que la Generalitat acate tanto la suspensión que resulta de la impugnación como, en su caso, la declaración de contrariedad con la Constitución de las actuaciones denunciadas".