Ésta es una de las conclusiones de la llamada “revisión entre pares” a la que ambos tribunales han sometido al español en los últimos meses, y que expuso hoy el presidente de éste último, Ramón Álvarez de Miranda, en un encuentro con periodistas.

El informe completo se envió esta misma mañana a la Comision Mixta del Congreso de los Diputados y el Senado para la relación con el Tribunal de Cuentas y se publicará en la web de éste último, aunque, según su presidente, no existe obligación de hacerlo y este tipo de informes casi siempre se divulgan cuando se han corregido los fallos detectados.

Álvarez de Miranda explicó que esta revisión se ha solicitado debido a que el Tribunal de Cuentas no tiene nadie que le fiscalice en España, por lo que se ha pedido que lo haga a dos de sus homólogos con mayor experiencia en este tipo de auditorías: el de la UE y el de Portugal.

A resultas del memorándu de entendimiento que firmaron estas entidades en octubre de 2014, y del compromiso que cinco meses antes adquirió el propio Álvarez de Miranda ante la Comision Mixta del Congreso de los Diputados y el Senado para la relación con el Tribunal de Cuentas, seis miembros del tribunal portugués y cuatro del europeo han permanecido seis semanas en España estudiando el funcionamiento del órgano homólogo español.

ENTREVISTAS

El presidente del Tribunal de Cuentas detalló que los inspectores han realizado en este tiempo 66 entrevistas personales de forma anónima y han enviado cuestionarios a unos 650 de los 750 funcionarios que trabajan en el tribunal, de los cuales han contestado el 56%.

Asimismo, han evaluado un total de 33 auditorías y procedimientos internos; y han recabado la opinión de organismos auditados como Adif, el Ministerio de Empleo y el Frob;de tribunales de cuentas autonómicos como los de Madrid, Andalucía y Castilla y León, y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a la que pueden recurrirse las decisiones del Tribunal de Cuentas.

Las conclusiones de la revisión son que el Tribunal de Cuentas es una institución “sólida, moderna, transparente, independiente y eficaz”, con procedimientos homologados por las instituciones internacionales, un alto grado de autonomía y responsabilidad e informes técnicamente bien estructurados y con respeto a las garantías legales procesales.

No obstante, el Tribunal de Cuentas de la UE y el de Portugal recomiendan al español que intente mejorar la “percepción pública” que existe de que sus consejeros están sujetos a influencias políticas, aunque la revisión no haya detectado ningún caso concreto; que elabore un plan estratégico para mejorar la comunicación interna a través de la intranet y que trate de solucionar el “clima de conflictos y divisiones” que percibe en el seno del órgano y entre el personal.

Más en concreto, la revisión aconseja precisar las condiciones de acceso al cargo, y ampliar la duración de los mandatos, que actualmente es de nueve años, pero en cambio hacerlos no renovables. Álvarez de Miranda interpreta esta recomendación como un llamamiento a acercarse a las condiciones de Alemania, donde los consejeros del Tribunal de Cuentas permanecen 12 años pero no pueden renovar.

ALTOS CARGOS

La auditoría también apunta a que en España se abusa de la designación directa de los altos cargos (niveles 28 y 29 de la Adminsitración, los de los subdirectores, jefes de equipo y jefes que tienen dos o más jefes de equipo a su cargo), y a que la proporción actual de la plantilla de un directivo por cada cuatro técnicos debería ser de uno por seis o siete.

En el mismo sentido, la UE y Portugal sugieren que debía haber mayor rotación en los puestos, de forma que un consejero no se encargue durante más de seis años de auditar a los mismos órganos. Álvarez de Miranda apeló a esta recomendación para declararse dispuesto a abandonar la Presidencia el próximo 23 de julio.

En otro orden de cosas, ,la revisión recomienda al Tribunal de Cuentas tener autonomía contable, no incluir sus cuentas en las de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que una auditoría externa fiscalice la que realiza el interventor.

También sugiere que el fiscal no debería tener derecho a voto en el Pleno, como sí tiene ahora. No obstante, Álvarez de Miranda recordó que estas modificaciones, entre otras, dependerían de una reforma legal que no compete al organismo realizar.