En un encuentro informativo para presentar esta propuesta, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, defendió la necesidad de que “todos los desempleados de larga duración tengan una garantía de ingresos” que esté “directamente vinculada a compromisos de actividad”.

Esta medida es el “objetivo central” de la propuesta elaborada por el sindicato, que se complementa con una iniciativa “a medio plazo” que pasa por revisar en profundidad todo el sistema de protección por desempleo “que ha fracasado con esta crisis”.

En este ámbito, aboga por recuperar prestaciones que han desaparecido en los últimos años, como el subsidio para mayor de 45 años, y revisar los requisitos para acceder a otras ayudas como las del plan Prepara, “que han demostrado que son muy rígidos”, o el Plan de Activación para el Empleo, cuyas cifras de beneficiarios “son claramente insuficientes”.

La propuesta de UGT se centra en otro eje, que es el del refuerzo de las políticas activas ya que, según Ferrer, “las cifras son demoledoras”. En este sentido, el sindicato denuncia que en la actualidad, “cuando el desempleo es más elevado, es cuando más se ha reducido” la cuantía destinada a políticas activas.

Así, el sindicato reclama que se destine a esta materia por lo menos la mitad de la cifra recaudada en la lucha contra el fraude y la economía sumergida.

En 2014, los ingresos del Estado por estos fraudes ascendió a 12.300 millones de euros, mientras que la cuantía destinada a políticas activas fue de 4.000 millones de euros, lo que supone 2.000 millones menos de lo que sería si se aplicase la propuesta sindical.

Ferrer hizo hincapié en la importancia de “dotar de recursos económicos y técnicos, pero sobre todo de reforzar las plantillas” de los servicios públicos de empleo. Además, subrayó la necesidad de “recuperar la figura de los orientadores” para que apoyen en el desarrollo de los itinerarios personalizados para los parados.

El tercer eje son las políticas de apoyo a la contratación, a través de las que el sindicato aboga por crear "una partida presupuestaria para la formación remunerada que se encamine a la inserción mediante la creación de empleo, inicialmente temporal".

Asimismo, insiste en la necesidad de llevar a cabo una “revisión completa del ineficiente sistema de bonificaciones a la contratación”, apostando por concentrar estas ayudas en la creación de "empleo de calidad”, limitándola a la "contratación indefinida y a tiempo completo".

También sostuvo que es fundamental reflexionar sobre los colectivos beneficiarios de estas bonificaciones, "virando hacia los parados de muy larga duración, los mayores de 45 años o los que se empleen en ocupaciones de futuro".

Por último, planteó que se debe “reconsiderar” la financiación de estas medidas de apoyo a la contratación para que se sustenten en los presupuestos y no en la Seguridad Social, para "que no se siga esquilmando el Fondo de Reserva de las pensiones".