En respuesta a un recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña, la sentencia del Tribunal Supremo establece que las competencias para distribuir las subvenciones a entidades sociales pertenecen exclusivamente a las comunidades autónomas y no al Estado central, como venía sucediendo hasta la fecha.

Sin embargo, apunta Aspace en un comunicado enviado este viernes, la realidad de las personas con discapacidad en España requiere de estructuras nacionales que coordinen y articulen las acciones de las diferentes asociaciones locales y autonómicas, como las 85 de esta confederación existentes en todo el territorio español.

Y es que, argumenta la entidad, “son estas asociaciones nacionales las únicas que pueden crear proyectos comunes para cubrir las necesidades de los diferentes colectivos desde una óptica general, de solidaridad, que beneficien a las personas con independencia del territorio en el que residan”.

La sentencia del Tribunal Supremo pone “en serio riesgo las subvenciones que hasta ahora garantizan la labor de estas entidades nacionales, pudiendo condenar a la desaparición a buena parte de la red de acción social en España”, prosigue Aspace.

De igual forma, añade, los fundamentos de la anulación del Real Decreto 535/2013 amenazan con romper el sistema de distribución de los recursos que cada año se recaudan a través de la casilla ‘fines sociales’ de la declaración de la renta (X Solidaria), basado en la solidaridad territorial, que venía a equilibrar las desigualdades existentes entre unas autonomías y otras.

Además, teme esta confederación, una posible gestión autonómica de los recursos del IRPF para fines sociales no garantiza que dichos fondos sigan llegando a las entidades.

La importancia de este programa, “que ahora está en serio riesgo”, finaliza Aspace, queda de manifiesto a través de sus cifras, que en el caso de esta confederación se materializan en la gestión en 2014 de subvenciones que sirvieron para contratar, a través de las entidades locales, a 301 profesionales y para atender a 23.924 personas con parálisis cerebral.