En la defensa de la propuesta, el portavoz de CiU en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, Carles Campuzano, sostuvo que la medida propuesta es “muy simple” desde el punto de vista técnico y admitió que supone corregir parte de la reforma laboral que su grupo parlamentario apoyó.

Hasta la entrada en vigor de dicha reforma en el año 2012 existía la posibilidad de que los trabajadores pudieran, a través de sus representantes, incoar un ERE para la extinción de sus contratos si la inacción de la empresa les estuviera ocasionando “perjuicios de imposible o difícil reparación”.

Sin embargo, Campuzano subrayó que es necesario “corregir y rectificar” la reforma en esta materia para “adaptarla a la realidad”.

Sin embargo, la propuesta recibió el rechazo tanto del PP como de La Izquierda Plural, aunque por razones muy distintas.

Para el PP, admitir a trámite la propuesta supondría “un retroceso en el camino que llevamos andado” en la recuperación de la economía y del empleo, según expuso la diputada popular María Jesús Susinos.

En este sentido, Susinos añadió que la retirada de la autorización administrativa previa, que fue lo que desembocó en la desaparición de la posibilidad de que los trabajadores planteen un ERE, “no ha provocado una mayor litigiosidad” ni ha hecho que “los trabajadores estén menos protegidos”.

También se opuso a la propuesta el parlamentario de La Izquierda Plural Joan Coscubiela, quien achacó a CiU que pretenda ahora “corregir la reforma que respaldó”, e insistió en que la medida planteada es insuficiente.

En una línea similar, la diputada del PSOE María Teresa Rodríguez coincidió en que “es una propuesta muy limitada en comparación con lo que hay que corregir” de la reforma laboral, pero, al contrario que Coscubiela, decidió apoyarla ya que permite “corregir uno de los muchos y graves errores de la reforma”.

La propuesta de CiU era recuperar la posibilidad de que los trabajadores puedan incoar un ERE en casos como empresas con pérdidas que tienen importantes y persistentes deudas salariales con sus empleados, que han dejado de pagar las cuotas a la Seguridad Social y que, pese a su falta de viabilidad, no dan los pasos para una extinción ordenada de los contratos.

En este caso, los trabajadores podían presentar este expediente mediante un procedimiento y una documentación a presentar que se simplificaba al máximo, correspondiendo a la autoridad laboral determinar las actuaciones a llevar a cabo.

Sin embargo, tras la reforma laboral de 2012 la supresión de la autorización administrativa acabó con este procedimiento, de manera que no existe solución a los posibles perjuicios para los empleados derivados de la inactividad empresarial.