En este sentido, apuntaron en un comunicado que, dada la importancia de las comunidades autónomas en materia ambiental, cada gobierno autonómico debería tener una Consejería de Medio Ambiente “dedicada exclusivamente a velar por la calidad ambiental en todas sus facetas y así garantizar el bienestar humano, el empleo de calidad y una economía no especulativa y dentro de los límites de los recursos naturales”.

Además, propusieron la creación de una Vicepresidencia para la Sostenibilidad en cada gobierno autonómico, dado el carácter trasversal de la protección ambiental y con el fin de evitar “las frecuentes situaciones en las que los diferentes departamentos siguen políticas contradictorias”.

Otra de las peticiones es que los acuerdos y programas de gobierno asuman las 16 medidas recogidas en el documento ‘Un programa por la tierra’, presentado públicamente antes de la campaña electoral. “Llevarlas a la práctica es imprescindible para plantear un futuro sano y social y ambientalmente justo, al tiempo que una oportunidad para generar empleo verde y favorecer una mayor resiliencia de la sociedad española frente a los desafíos como el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad o el agotamiento de los recursos naturales”, añadieron.

Y la tercera alude a que en cada comunidad autónoma se haga un diagnóstico ambiental durante los primeros meses de legislatura para identificar y orientar las líneas prioritarias de acción e inversión en la gestión del territorio, la protección y uso responsable de los recursos naturales y la conservación de la naturaleza.

Por último, las organizaciones ecologistas valoraron el nuevo panorama político salido de las elecciones del 24-M, por ser "mucho más plural". "Las mayorías absolutas han resultado casi siempre muy negativas para el medio ambiente, promoviendo la aprobación de proyectos que no respondían a las necesidades sociales ni resultaban sostenibles desde el punto de vista ambiental. Por el contrario, los necesarios pactos que se deberán alcanzar ahora de forma generalizada permitirán un mayor control de unos grupos a otros, haciendo más difícil la vulneración de la normativa ambiental", concluyeron.