La dirección de la coalición anunció esa decisión el pasado día 4 y avanzó que presentaría el escrito esa misma semana, aunque finalmente lo hizo este viernes.

El escrito está presentado en representación de los grupos de Izquierda Unida en los municipios madrileños de Valdemoro, Collado Villalba, Las Rozas y Casarrubuelos, además de Cartagena (Murcia) y Carmona (Sevilla).

Con su personación, Izquierda Unida pretende exigir responsabilidades penales y económicas a los responsables de esa trama, tanto a los corruptos como a los corruptores, e intentar que vuelva a las arcas públicas todo el dinero que se haya podido sustraer de forma ilegal.

Son los concejales en esos municipios los que piden la personación, no solo en su calidad de cargos públicos sino como vecinos perjudicados por una trama que ha sustraído dinero público y lo ha destinado a otros fines vinculados a la financiación irregular del PP o al enriquecimiento personal de los implicados.

Además, concejales en otros municipios que no han firmado poderes para pedir la acusación colaborarán también con la aportación de documentación.

Después de presentar el escrito, Izquierda Unida espera que en un plazo no superior a quince días el juez se pronuncie sobre su petición, y confía en que autorice la personación.

El secretario federal de Organización, Adolfo Barrena, subrayó que en esa trama hay presunción de delitos de "gravedad incuestionable" que comportan la utilización indebida del cargo público y la supeditación de intereses generales a los personales y mercnatilistas.

Según explicó el responsable de Política Municipal de la coalición, Manuel Fuentes, tras las elecciones del pasado domingo podría ocurrir que en alguno de esos municipios Izquierda Unida tenga peso suficiente para impulsar auditorías públicas de la deuda y de los servicios públicos.

Cuando anunció la decisión de pedir la personación, el coordinador federal, Cayo Lara, se refirió a la 'Púnica' como una de las tramas que están invadiendo la vida pública en España, y sentenció que el PP es "una suma de bandas organizadas para delinquir, para trincar recursos” de las administraciones, o bien para financiarse de forma ilegal, o bien para el enriquecimiento personal de quienes están implicados, todo ello “en permanente comunión y connivencia” con determinados sectores empresariales “sin escrúpulos” que se han beneficiado así de la adjudicación de obras y servicios públicos.