El informe, cuyo objetivo es mejorar la estimación que se hace de los indicadores de pobreza energética, distinguirla de la pobreza general, identificar qué hogares son vulnerables y plantear algunas recomendaciones, revela que, entre 2007 y 2013 el índice de pobreza energética en España se triplicó, del 3,60% al 9,88%, hasta alcanzar a uno de cada diez hogares españoles.

“La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de hacer frente al coste de sus necesidades energéticas básicas que, aunque sea un componente de la pobreza general, puede ser muy relevante, puede no ser absolutamente coincidente, y además puede requerir medidas específicas”, destacaron los directores del estudio.

1,8 MILLONES DE FAMILIAS

Melilla, Ceuta, Canarias, Andalucía y Murcia son las comunidades autónomas con mayor pobreza energética, mientras que en el lado contrario se encuentran País Vasco, Castilla y León, La Rioja y Galicia.

El informe concluye que, aunque con ciertas limitaciones, el estándar mínimo de ingresos (MIS) es el índice que refleja de manera más adecuada la realidad de la pobreza energética. En base al mismo, el 9,88% de los hogares españoles se encontrarían en situación de pobreza energética, lo que se traduce en 1,8 millones de familias.

Los expertos reseñaron que ciertas características del hogar pueden aumentar la probabilidad de caer en pobreza energética, como ser familia numerosa con ingresos bajos, estar en situación de alquiler, ser parado, contar con una propiedad con hipoteca o tener menores a cargo.

MODIFICAR EL BONO SOCIAL

Asimismo, los directores del estudio apuntaron algunas medidas para erradicar la pobreza energética, como una modificación del bono social, dado que “el que tenemos ahora mismo sólo afecta a la electricidad, cuando es el 60% del gasto energético de los hogares, y el problema de la pobreza energética es común a todos los gastos, incluyendo al otro 40%”.

Esta modificación habría de comprender los gastos en todas las fuentes de energía del hogar; tendrían que tener acceso a él los consumidores verdaderamente vulnerables; habría de estar vehiculado como una transferencia a tanto alzado, de cuantía fija, modulada en función de las características del hogar y utilizable exclusivamente para pagar gastos energéticos; y su financiación debería trasladarse al presupuesto público, tal y como reseñaron los expertos.

Otras alternativas planteadas en el informe fueron la puesta en marcha de medidas de eficiencia energética, medidas de información y una determinación adecuada de las tarifas energéticas.