Los intérpretes, según un comunicado de la FAAS, se quejan de la precariedad laboral y salarial que padecen desde que hace dos años la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía resolviera adjudicar a una entidad privada el concurso público por el que se rige la prestación de servicios de interpretación de lengua de signos en institutos de Secundaria en Málaga y Sevilla, al tratarse de la oferta más económica.

El presidente de la FAAS, Alfredo Gómez, manifestó que esta situación supone un grave retroceso para los estudiantes sordos y teme que pueda terminar perjudicándoles. “Los intérpretes de lengua de signos son una pieza clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de un modelo educativo que pretende ser igualitario e inclusivo”, recordó Gómez, que defiende el derecho de este alumnado a contar con una interpretación de calidad, cuestión que, en su opinión, pasa por garantizar a estos profesionales unas buenas condiciones laborales.

En este sentido, el presidente de la FAAS pide a las administraciones educativas que no primen la oferta económica más ventajosa, sino que se valoren otras cualidades del servicio, como criterios de calidad necesarios y cláusulas sociales para que el alumnado sordo tenga los recursos educativos óptimos que aseguren la igualdad de oportunidades. “No se puede jugar con su bienestar ni su futuro”, manifestó el presidente de la FAAD.

“Lo ideal”, según Gómez, “es que la figura del intérprete de lengua de signos que trabaja en el ámbito educativo perteneciera al personal de la Junta, ya que forma parte del proceso educativo del alumnado sordo cuando así lo requiera”, tal como recogen los documentos de políticas públicas educativas.